José Luis Sierra Villarreal

En Yucatán se concretó, el pasado 20 de mayo, el primer resultado electoral negociado, la primera concertacesión del gobierno de Felipe Calderón.

De acuerdo con la práctica establecida por el presidente Salinas durante su mandato y sobre la alianza del PRI y del PAN, el presidente Calderón “soltó las amarras” al PAN y a sus candidatos en Yucatán, que naufragaron ante el fuerte embate de la “ola roja” priísta.

Urgido de ofrecer buenos resultados en materia legislativa, presionado por la necesidad de sacar “como fuera” las reformas a la Ley del ISSSTE, el debilitado presidente Calderón le aplicó la reversa a la maquinaria electoral panista, que yá operaba en suelo yucateco, y dejó sentir al gobernador Patrón Laviada que, en caso de configurarse demandas en su contra, las habría de enfrentar solo, sin el aval de la casa presidencial y sin el respaldo del panismo nacional.

Frente a la frescura de la joven candidata priísta, la figura cetrina y cansada de Xavier Abreu se desmoronó en el trecho final de la campaña y, en cuestión de días, la atmósfera de derrota atenazó al PAN y a sus candidatos. Frenada desde las cámaras de Diputados y de Senadores la “elección de Estado”, el dinero que aportaron los gobernadores de la “ola roja” fue suficiente para alcanzar una clara mayoría en las urnas.

El desbordamiento de los ánimos priístas estuvo a punto de echar por tierra uno de los puntos que formaron parte de la concertacesión yucateca: reconocerle el gobierno de la ciudad capital, Mérida, al PAN. Se tuvo que aplicar “manita de puerco” al candidato tricolor que se sabía seguro de su triunfo, hubieron de dar un manotazo en el Consejo Municipal Electoral -maniobra que dejó en evidencia el control que existía sobre los principales operadores del IPEPAC- a fin de impedir la apertura de paquetes y el recuento de votos que hubiera puesto en riesgo la anunciada victoria del PAN en el municipio de Mérida.
 
Hasta el día de hoy, nadie se ha ocupado del posible acuerdo, de la indispensable “garantía de impunidad” que la entente PAN-PRI debió extender para el gobernador Patrón Laviada, para sus parientes y principales colaboradores. Ni políticos, ni estudiosos, ni periodistas, han querido abordar este tema, asunto central en cualquier negociación político-electoral. Pero no se requiere de mucha imaginación para ver a Emilio Gamboa Patrón –primo por añadidura del gobernante yucateco- desplegar sus habilidades cortesanas a fin de garantizarle una vía de escape al señor Patrón Laviada, a sus parientes y colaboradores. Gamboa Patrón aparecería, ooootra vez, tanto en la fase del ascenso electoral del PRI, como en la cara panista de la moneda.

La pérdida de Yucatán hace que el PAN vaya con todo en Baja California, lo que resulta contrario al Grupo Atlacomulco (¿y a Peña Nieto también?) y, por esa vía, al poliedro Salinas-Manlio-Gamboa-Elba. Pero las negociaciones en torno a la reforma fiscal puede ofrecer un nuevo espacio de negociación al priísmo, metido que está en la lógica del "pago por evento". El problema es de tiempos (la elección en B.C. es el 5 de agosto), de allí que Emilio Gamboa haya apresurado la reunión preparatoria de los diputados priístas (encuentro pactado con Agustín Carstens) y se haya soltado el buscapiés de un período extraordinario...para julio... Lo dicho, en política las casualidades no existen.