José Luis Sierra V.

El nombramiento de Juan Carlos Mouriño como responsable de la política interior del país no debe chocar, solamente, por la dosis de “cuatachismo” que conlleva. Hay un aspecto mucho más grave que tal nombramiento involucra: del círculo cercano a Felipe Calderón, el amigo más ligado a los negocios con y desde el poder es, ha sido, el campechano Mouriño Tarrazo. La dualidad de intereses político-empresariales de Mouriño y el crecimiento exponencial de la fortuna familiar, en los años de la administración foxista, ambas situaciones eran conocidas y aceptadas por Felipe Calderón. ¿Cómo y por qué lo nombró, entonces, Secretario de Gobernación?

El “Caso Mouriño” nos remonta al “Caso Hildebrando”, y nos lleva a recordar que, ante las pruebas fehacientes del “tráfico de influencias” de su cuñado el entonces candidato brindó un espaldarazo, actitud complaciente que le reportó nuevos y jugosos contratos a la firma de ingeniería digital, contratos provenientes del sector público. El papel protagónico asignado a Juan Camilo Mouriño pese a sus relaciones con el Grupo Energético del Sureste (GES) confirma la tolerancia que dispensa el ahora Primer Mandatario al “tráfico de influencias” que se realiza en su entorno. Circunstancia que obliga a pensar en la posibilidad de que el campechano sea una pieza en el esquema financiero de la corrupción presidencial. Así de graves nos parecen las señales enviadas con el nombramiento de Juan Carlos Mouriño.

Si las referencias documentales recabadas y dadas a conocer por la revista PROCESO de esta semana no fueran suficientes para comprobar el “trafico de influencias” que supo tejer Papá Mouriño, con la abierta participación de su hijo Juan Camilo, voy a relatarles una operación con “harta visión”, planeada para realizarse en Yucatán, a la que los Mouriño le dedicaron tiempo y relaciones y que finalmente no se concretó. Me refiero a un proyecto para desarrollar y manejar el “recinto fiscal” que debiera controlar las operaciones aduaneras de la Plataforma Logística del Puerto de Progreso.

Durante la administración de Patricio Patrón, el Gobierno de Yucatán adquirió cuatrocientas hectáreas de origen ejidal a unos kilómetros de la costa de Progreso, en las inmediaciones de Paraíso (eso explica el paso a desnivel que lleva a ninguna parte). En esos terrenos se planeaba construir las instalaciones para el manejo y el almacenaje de carga que reclama el Puerto de Progreso y que, por razones económicas, resulta impensable localizarlas en la Terminal Remota. Como es ampliamente conocido, el proyecto en cuestión nació amarrado a los intereses de una compañía española y no pudo concretarse, porque le faltaron tiempo y capacidad de gestión a la administración patricista.

Lo que resulta de interés rescatar de ese frustrado proyecto es que, entre las cuatrocientas hectáreas expropiadas se consideró una extensión de veinte hectáreas -localizadas en “el corazón” de los patios y los almacenes de la Plataforma Logística- para establecer alli el “recinto fiscal”, es decir, las bodegas por las que tenían que pasar todos los embarques que requiriesen certificación aduanera. Esas 20 hectáreas, a diferencia de las que debió adquirir la firma española, SÍ FUERON VENDIDAS Y ESCRITURADAS y es en ese terreno en donde se construye ahora la empresa que fabricará los grandes ventiladores que se utilizan para producir electricidad por medio de las corrientes de aire. Esa empresa también pertenece a la familia Mouriño (en coinversión con la firma española que aporta la tecnología; los Mouriño se encargarán de venderle los “molinos de viento” a la CFE) y se instala en los terrenos de Paraíso porque los Mouriño son los propietarios de las 20 hectáreas, ya que ellos se habían asegurado la concesión del “recinto fiscal” de la Plataforma Logística, gracias a sus buenas relaciones en el SAT.

Estamos hablando de un negocito asegurado casi dos años antes de la realización física del proyecto. Así de grueso están las relaciones de los Mouriño en el “alto mando” nacional … y eso que Juan Camilo no entraba todavía a Los Pinos ni era el Secretario de Gobernación … ¡¡que Dios nos coja confesados!!

                                   Mérida, Yuc.; 25 febrero 2008.