José Luis Sierra V.

La desesperación por dar un campanazo en la opinión pública; la falta de oficio político con que se conduce el equipo de Ivonne Ortega convirtió lo que debió ser una acción ejemplar desde el punto de vista legal y políticamente muy redituable, lo volvió un lodazal, lodazal de errores, revoltura de cuestiones personales y políticas que, a dos semanas, todavía no se percibe cómo y en qué puede acabar.

Lo que se planeó como banderazo de arranque de su lucha contra la corrupción se convirtió en boomerang, que obligó a la Gobernadora a salir en defensa de los especuladores de tierras. Maniobra desesperada que tuvo que realizar Ortega Pacheco, presionada por los grandes especuladores urbanos, que amenazaron con desestabilizar la economía frenando los proyectos inmobiliarios en marcha.

¿Cómo y por qué se llegó a esta situación límite?

La decisión de procesar y de detener a un exfuncionario, al que se pretendió exhibir como “botón de muestra” de la corrupción patricista, esa acción, descontrolada, pegó de lleno al proyecto residencial del Country Club y puso a temblar a todos los “inversionistas inmobiliarios” que hay en Yucatán, integrantes que son del grupo empresarial más activo, con mayor peso y con más intereses en la política. Ni más ni menos.

¿Quiénes conforman ese grupo empresarial? ¿Cuáles son los intereses políticos de los “inversionistas inmobiliarios”?

Si bien el número de los empresarios que se mueven en el campo de las inversiones y de los desarrollos urbanos puede alcanzar dos centenas, son menos, quizá medio centenar o una treintena, los que concentran el grueso de las operaciones y de los recursos en ese sector de la actividad económica. Medio centenar que, por añadidura, se hallan emparentados entre sí, cerrando aún más el tejido de los intereses y los espacios de participación en el negocio de los bienes raíces.

El activismo político y la beligerancia con que defienden sus intereses se debe a que este grupo de empresarios, para desgracia de Yucatán, fincaron su despegue en la especulación financiera y en el acaparamiento de tierras de origen ejidal, casi siempre por medios ilícitos (como el “coyotaje”, la “simulación agraria”, el “tráfico de influencias”, la corrupción de funcionarios en todos los niveles, etc., etc.). Lo que empezó como “negocios de saliva”, pasó al terreno del papeleo y de los trámites, para terminar en grandes fortunas, las mayores fortunas –sin lugar a dudas- que se puedan encontrar en Yucatán, en la Península y en el sur de México.

Con esta base afirmo que, si hay un grupo PODEROSO en el ambiente político de Yucatán y de la Península toda, ese grupo es el de los especuladores de tierras. Son poderosos por la enorme cantidad de dinero que manejan y que controlan, pero lo son más por las sumas increíbles de dinero que pueden y que están dispuestos a destinar a fin de asegurarse la realización de sus intereses. Son los especuladores urbanos de la Península quienes “financian” partidos, candidatos y campañas. Son los especuladores urbanos de Yucatán y de la Península quienes “compran” ayuntamientos, quienes manejan a discreción los organismos que debieran normar la vivienda y el uso del suelo (INFONAVIT, a nivel federal; INVIQRO o COUSSEY, a nivel estatal), quienes tienen asegurada la gestoría oficiosa de funcionarios de todos los niveles, de todos, del empleado de tercero o cuarto nivel de un Ayuntamiento al Gobernador o la Gobernadora del Estado.

Si no contásemos con pruebas de sobra y a la vista para soportar tan grave acusación, bastaría conocer y citar la defensa a ultranza, fuera de toda proporción política, de toda institucionalidad, que la Gobernadora de Yucatán tuvo a bien hacer de los inversionistas y promotores del proyecto residencial del Country Club Yucatán. Primero dijo de ellos, que eran “inversionistas de buena fé”. No se quedó allí la señora Gobernadora, días después los puso como ejemplo de las “inversiones visionarias” que requiere Yucatán. Y remachó en la sede de nuestra máxima casa de estudios, ante la “crema” de la academia yucateca, concediéndole al proyecto Country Club la categoría de “PROYECTO VITAL para el desarrollo de Yucatán”. Si, leyó usted bien: PROYECTO VITAL PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN.

¡¡Vaya desdoro al que tuvo que llegar la Gobernadora!! ¡¡Y todo por enderezar el entuerto causado por colaboradores ineptos!!
                              Mérida, Yuc.; 21 nov. 2007