Corrupción, ¿gen cultural o ineficacia institucional?

José Antonio Crespo (Excélsior; 27 nov. 2009)

Con la alternancia partidista encabezada por el PAN se generó la expectativa de que se podría dar un viraje en materia de corrupción, de que se daría una batalla seria contra la corrupción y la impunidad y a favor de la rendición de cuentas. Esa fue una de las principales ofertas históricas de ese partido y el eje de la campaña política de Vicente Fox. De muy poco sirvió.
Ahora, el índice de Transparencia Internacional nos ubica en el lugar 89, con un índice de 3.3 (el 10 significa cero corrupción). El año pasado estábamos en el lugar 72, con un indicador de 3.6. Se trata de una escala de percepciones, es cierto, y no de hechos (difíciles de documentar y cuantificar). Pero se parte de la premisa, muy razonable, de que la percepción ciudadana refleja de manera aproximada la realidad en la que se mueven los encuestados. ¿Qué implica para México esta caída de 3.6 a 3.3? ¿Un incremento real en la corrupción? Quizá, pero también podríamos estar ante un fenómeno de expectativas, más que de hechos. Antes del año 2000 teníamos también un indicador de 3.3. En 2001 subió a 3.6 y en 2002 se llegó a 3.7. ¿Eso reflejaba un avance real en materia de corrupción? Difícilmente, pues, como bien sabemos, el gobierno de Fox no llamó a cuentas a nadie (a diferencia de los últimos gobiernos priistas, que sí lo hicieron).
Es probable que la mejoría relativa de esos años se haya debido más a la expectativa que la alternancia despertó y que fue acompañada, es cierto, por la ley de transparencia y la instauración del IFAI. Pero si bien la transparencia es un auxiliar de la rendición de cuentas, no la garantiza (los escándalos descubiertos no se han traducido en una sanción penal o administrativa a los infractores, lo que genera una sensación de desencanto e impotencia en la ciudadanía). Y, por ello, probablemente el indicador retornó al tradicional 3.3 en 2006. De nuevo, en 2007 y 2008 subimos a 3.5 y 3.6 respectivamente. ¿Mejoría real?
Podría ser también una mera percepción, pues Felipe Calderón tampoco ha llamado a cuentas a ningún “pez gordo”. Probablemente, la guerra contra el narcotráfico generó la expectativa de que se combatía frontalmente la corrupción (lo cual es cierto, pero sólo desde un ángulo específico, y no de forma integral en la administración pública). Sin embargo, el retorno a 3.3 sugiere que la ciudadanía regresó a su nivel habitual de escepticismo.
Lo cual vuelve a suscitar la interrogante de si, la corrupción mexicana, ¿es producto de una especie de gen cultural o se debe a nuestro ineficaz y viciado entramado institucional? Yo diría que las dos cosas, en tanto que las instituciones son reflejo y producto de la cultura predominante, la cual a su vez es resultado de un cierto desarrollo histórico.
En el caso latinoamericano, se asume que un factor decisivo de dicha cultura fue, no tanto la herencia española (España tiene hoy un indicador de 6.1) ni la cultura azteca (que penalizaba a sus corruptos, incluso con la muerte), sino el laberinto burocrático virreinal, diseñado para mantener el control administrativo desde ultramar. Es una herencia compartida con los países latinoamericanos, la mayoría de los cuales muestra niveles de corrupción parecidos o más altos que el nuestro. Sin embargo, Chile y Uruguay han alcanzado un índice de 6.7, superior incluso al de España.
Y otros países no latinoamericanos tienen índices de corrupción semejantes o superiores a los nuestros. Me parece que el factor cultural puede ser transformado y superado por un adecuado desarrollo institucional. Los países que hoy ocupan los mejores lugares de la escala, en su momento también padecieron prácticas corruptas. Pero, institucionalmente, estamos rezagados al menos cien años. La alternancia falló en su propósito esencial de avanzar en la rendición de cuentas y en el combate eficaz a la corrupción y la impunidad.
Una muestra de que esa cultura persiste es la defensa del consejero de la Judicatura, Luis Moreno Collado, quien defiende su elevado salario (330 pesos mil netos mensuales) con el argumento de que “no es prebenda ni privilegio, sino atadura moral para evitar connivencia, complicidad, venalidad y corrupción” (24/XI/09). En otras palabras, ¡o me pagan generosamente o me corrompo! Pero esa no es la solución (pues los salarios de lujo tampoco garantizan la honestidad), sino la sanción sistemática a arbitrariedades y trasgresiones. Y eso sólo se logra con un avance sustancial en las instituciones democráticas. Pero, sin la determinación política de hacerlo (que no la ha habido), jamás avanzaremos.
Si bien la transparencia es un auxiliar de la rendición de cuentas, no la aseguran. Los escándalos no se han traducido en una sanción penal o administrativa.