Cofetel y SCT, ni a cuál ir.

Por Miguel Ángel Granados Chapa (Reforma; 29 nov. 2009)

El comisionado Héctor Osuna es el que con menos recato ha promovido los intereses de los poderes fácticos dentro de una comisión que está al servicio de los sujetos a los que debe regular

El lunes y el martes pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia constitucional iniciada por la Cámara de Diputados contra el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La nuez de sus resoluciones consiste en precisar que atribuciones en materia de radio y televisión que el Ejecutivo había encargado en el ordenamiento sujeto a cuestión a la SCT deben ser ejercidas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Los fallos de la Corte son congruentes con su decisión de mantener sin cambios las facultades que la Ley Televisa otorgó a ese órgano colegiado, y crean, o dan nueva vigencia a la esquizofrénica decisión del legislador de otorgar atribuciones de mayor envergadura que las propias del secretario a un órgano desconcentrado que depende de él.

Todo se origina en la decisión de las grandes empresas de telecomunicaciones y radio y televisión de contar con normas legales adecuadas a su conveniencia, administradas por un órgano regulador que fuera complaciente con esos intereses. Uno y otro objetivos se plasmaron en la Ley Televisa que, si bien quedó parcialmente sin vigor merced a la primera intervención de la Corte, mantuvo la misión encargada por los industriales más poderosos de aquellos ramos a la Cofetel.

Desde el momento mismo de emitir la ley, antes de que senadores inconformes con su fondo y con la forma en que fue aprobada la objetaran judicialmente, la Cofetel quedó al servicio de los sujetos a los que regularía. Como la he llamado en otras oportunidades, la actual Cofetel es una mal nacida. El presidente Fox fracasó en su primer intento de integrar su órgano de gobierno, pues de los cinco nombramientos que realizó en mayo de 2006, sólo uno, el del ingeniero José Luis Peralta, pasó por el cedazo de la Cámara de senadores, que tiene la atribución de objetar las designaciones. El Senado ejerció esa facultad en tres casos y dejó fuera a los comisionados Gonzalo Martínez Pous, Rafael del Villar y Julio Di-Bella. El quinto comisionado ni siquiera llegó al filtro senatorial: Fernando Lerdo de Tejada había sido nombrado por Fox sin siquiera consultarlo y se retiró no sin declarar su sorpresa por el modo en que había sido involucrado en una tarea que no buscaba ni quería.

En una decisión notoriamente tomada de consuno por los poderes que controlan esas industrias y la dirección priista del Senado, los objetados fueron reemplazados por dos miembros de esa Cámara que no tuvieron empacho en evidenciarse como premiados por su tarea en la gestación de la Ley Televisa: Héctor Osuna, el senador panista que a la postre sería designado presidente de la Cofetel por Fox, había encabezado la Comisión de Comunicaciones que fue el motor de las reformas legales objetadas por una minoría de senadores. Papel menos notorio pero igualmente eficaz habría desempeñado el senador Ernesto Gil Elorduy, a quien correspondió la cuota priista en la integración del órgano de gobierno. Dos representantes directos de las televisoras, Eduardo Ruiz y Gerardo González, completaron el órgano del que Luis Téllez, a poco de ejercer como secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que era un ente regulador capturado por los regulados, una descripción certera no obstante provenir de un protagonista del conflicto.

En su afán de gobernarse a sí mismos, los poderes fácticos en la materia atribuyeron a la Cofetel facultades que solían corresponder a la SCT. Téllez las procuraba para sí mismo y compuso un reglamento interior de su secretaría en que pretendió ejercer atribuciones indelegables, es decir personalísimamente, con mengua de las facultades de Cofetel. En el Senado, donde Manlio Fabio Beltrones pugnaba por hacerse perdonar la reforma constitucional electoral que introdujo cambios notorios en materia de medios (al sacar del comercio la propaganda de los partidos) vio en el reglamento, a la luz de sus intereses, un estorbo para su propósito de figurar él como campeón de los radiodifusores, papel que el Ejecutivo, en ese reglamento, buscaba ejercer a través de su secretario. Por ello, el Senado se dispuso a iniciar una controversia constitucional que a la postre fue tramitada desde la Cámara de Diputados. La cuestión a debate era que Calderón había modificado por la vía administrativa las competencias reguladoras que el Poder Legislativo había establecido.

La Suprema Corte dio la razón a la cámara al comenzar la última semana de noviembre. Fue asimismo, digámoslo marginalmente, el feliz episodio postrero en la gestión del ministro Genaro David Góngora Pimentel, que mañana lunes pasa a retiro. Su ponencia fue apoyada por siete votos, más el suyo, en la sesión del lunes, y sólo objetada por dos de sus compañeros, que se redujeron a uno en la sesión del martes. En la primera se declaró contrario a la Constitución el trasladar de la Cofetel a la SCT las atribuciones para otorgar, refrendar o revocar concesiones de radio y televisión. En la segunda la decisión reservó para la Cofetel la facultad de integrar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. También privó a la SCT de la facultad de declarar desiertas las licitaciones a que convoque la Cofetel.

En suma, el Ejecutivo perdió ante el Legislativo este lance, y la Cofetel, es decir los poderes que se autorregulan con una legislación hecha a su medida, se impuso a la secretaría, no obstante que se trata de un órgano desconcentrado, que depende... de dicha secretaría. Esa contrahechura introduce un ingrediente conflictivo más en el enrevesado panorama de las telecomunicaciones y la radio y la televisión, donde los competidores litigan constantemente para evitar la aplicación de normas que les resultan inconvenientes o buscan que se aplique la ley en los aspectos que les son favorables.

La victoria de Cofetel es, por lo menos en la actual circunstancia, lesiva para la sociedad. Su funcionamiento refleja las contradicciones y desencuentros de los intereses de las industrias que debe regular. La composición del órgano de gobierno fue modificada el año pasado cuando la visión del secretario Téllez prosperó en territorio enemigo o cuando menos adverso. Dos de los tres comisionados a los que el Senado objetó, Del Villar y Martínez Pous, demandaron amparo contra la decisión senatorial y lo ganaron después de un largo juicio. Ingresaron por lo tanto a la Cofetel desplazando a Ruiz y a González. Ellos son también portadores de intereses. Han sido cercanos en su desempeño profesional a Francisco Gil Díaz, que actualmente preside a la empresa española Telefónica, cuya marca Movistar participa activamente en el mercado de la telefonía móvil o celular. Significaron también en su momento una cuña a favor de Téllez, que los acogió en puestos eminentes mientras pugnaban por ejercer como comisionados. Si suponemos que Peralta, el único técnico entre los comisionados, se mantiene al margen de las querellas internas, en la Cofetel actúan dos bandos, cada uno con un par de comisionados.

Osuna es el menos recatado de todos en la promoción de los intereses de los sujetos regulados. Por ejemplo, el 27 de agosto pasado propuso en el órgano de gobierno de la Cofetel una infracción a la ley disfrazada de interpretación. Lo hizo en beneficio directo de Televisa, y en contradicción con medidas que habían afectado adversamente a MVS, un poderoso participante en las telecomunicaciones y la radio y televisión. Asociado con Dish, una empresa norteamericana de difusión por satélite, está socavando el monopolio de Sky, la empresa de Televisa en ese ramo, de manera que cuanto la perjudique es favorecido por Osuna. Actualmente MVS litiga la negativa de refrendo de concesiones por haber presentado extemporáneamente la solicitud correspondiente. En cambio, cuando en dicha sesión de agosto se presentó una solicitud semejante para el canal 46, de Televisa, Osuna propuso flexibilizar la ley, es decir violarla porque la petición se había presentado cuatro meses después de la fecha debida. Para colmo, de la sesión mencionada existen dos actas diferentes. En una se disfraza la actuación del presidente.

Como no es la primera acción torcida en esa materia, y crece la evidencia de su actuación sesgada, se abre paso la idea de que Osuna debe ser retirado y el órgano de gobierno de la Cofetel sea recompuesto.

 
miguelangel@granadoschapa.com


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